La Contraloría General de la República estima que la región Arequipa habría perdido más de S/ 966 millones en el 2019 debido a la corrupción y la inconducta funcional, según el estudio titulado “Cálculo del tamaño de la corrupción y la inconducta funcional en el Perú: Una aproximación exploratoria”, que publicó recientemente.
De acuerdo al cálculo efectuado por la Contraloría – en base al presupuesto institucional ejecutado real en cada región en el año 2019, ascendente a S/ 156 278 millones de soles -, Arequipa registra un perjuicio económico ascendente a S/ 966 911 061 con un nivel de corrupción del 18.2%.
El estudio señala que Arequipa es la cuarta circunscripción que registra mayores pérdidas por corrupción e inconducta funcional, después de Lima con S/ 10 359 millones de perjuicio económico, Callao con más de S/ 1 132 millones y Piura con más de S/ 1 039 millones. Las regiones que le siguen son Áncash con S/ 804 millones, Cusco S/ 768 millones y Junín con S/ 712 millones.
La estimación de los recursos que se habrían perdido por corrupción e inconducta funcional en el 2019, se realizó sobre la base de la extrapolación del perjuicio económico producido al Estado (sobrevaloraciones, pagos injustificados, entre otros similares) respecto del monto examinado de las intervenciones de control posterior efectuadas por la Contraloría General entre 2017-2018, sobre la ejecución presupuestal de esos mismos años.
Pérdida nacional
El estudio publicado por la Contraloría General, revela que el Perú, en el 2019, habría perdido por corrupción e inconducta funcional más de 23 mil millones de soles, lo cual representa cerca del 15% del presupuesto público ejecutado y alrededor del 3% del PBI nacional. A nivel de gobierno nacional los sectores más golpeados son transportes y comunicaciones, educación y salud.
El gerente regional de control de Arequipa, Valery Fabio Niño de Guzmán Paredes, reiteró con estos recursos, se habría podido construir 346 establecimientos de salud, o haber escolarizado a 90 mil nuevos alumnos de educación primaria o 79 mil estudiantes de secundaria rural, o financiado la construcción de mil quinientos kilómetros de carreteras, entre otras obras y servicios que requiere la población para tener mínimos estándares de calidad de vida.
El estudio de la Contraloría advierte que la corrupción y la inconducta funcional tienen efectos devastadores en el desarrollo económico y social del país, porque distorsiona la asignación de los recursos públicos y compromete la eficacia del gasto público que debiera estar orientado a mejorar la calidad de vida de las personas, principalmente en situación de pobreza y pobreza extrema.
El informe precisa que el costo de la ineficiencia en la gestión pública es mucho más grande que la corrupción, dado que, si bien todo acto de corrupción es ineficiencia, no toda ineficiencia es corrupción, pues no solo se explica en decisiones técnicamente equivocadas, sino también en la omisión de una función elemental: gastar oportunamente los recursos en la provisión de bienes y servicios en beneficio de la población.
Niño de Guzmán, recordó que en Arequipa durante el 2020 se ha emitido más de 700 informes de control simultáneo que tienen por objeto prevenir situaciones adversas que podrían convertirse en caldo de cultivo de corrupción en distintas escalas. A partir de setiembre, vienen poniendo énfasis en el control posterior para identificar la presunta comisión de ilícitos penales y a los responsables.
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