El Congreso de la República aprobó este martes la inhabilitación por diez años de la fiscal suprema Delia Espinoza, luego de un debate marcado por acusaciones cruzadas y alta tensión política. La magistrada enfrentó al Pleno con duras críticas, acusando a los legisladores de “pisotear el Estado de derecho” y de intentar instaurar “una dictadura parlamentaria”, mientras denunciaba que el proceso en su contra carecía de sustento jurídico y respondía a motivaciones políticas.
Durante su intervención, Espinoza calificó como “nefasta” y “arbitraria” la actuación de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente. Aunque el primer intento de votación fracasó al reunir solo 63 de los 68 votos necesarios, las reconsideraciones presentadas por Jorge Montoya y Norma Yarrow permitieron una segunda ronda. En ella, el Pleno cambió drásticamente de posición: 71 legisladores votaron a favor de la sanción, sumando ocho respaldos adicionales respecto a la votación inicial.
El apoyo mayoritario provino de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Perú Libre, Renovación Popular, Avanza País, Acción Popular y Podemos Perú, entre otras bancadas. Con esta decisión, el Parlamento consumó la inhabilitación de Espinoza en un proceso marcado por giros inesperados, acusaciones de politización y un clima de fuerte confrontación institucional.