El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó el 6 de enero la desactivación de los Equipos Especiales Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, Eficcop y Eficavip, mediante resoluciones publicadas en El Peruano. La medida, anunciada previamente en diciembre, se concretó durante la Bajada de Reyes y ha generado fuerte controversia en el ámbito político y judicial.
La decisión más cuestionada es el cierre del Equipo Especial Lava Jato, creado en 2016 para investigar la corrupción vinculada a Odebrecht. Este grupo manejaba 97 carpetas fiscales, de las cuales 71 se encontraban en etapa preparatoria o en juicio oral. Con la desactivación, se dio por concluida la designación de Rafael Vela como coordinador, así como la participación de los fiscales que integraban el equipo.
Si bien las investigaciones no serán archivadas, pasarán a la Primera y Segunda Fiscalía Especializada en Lavado de Activos, bajo la conducción de Germán Juárez Atoche. No obstante, la medida ha despertado alertas por un posible conflicto de intereses, ya que el Equipo Especial Los Cuellos Blancos del Puerto investigaba al propio Tomás Gálvez, lo que ha intensificado las críticas sobre el impacto de esta decisión en la lucha anticorrupción en el Perú.