Un fuerte cordón policial rodea desde hoy la residencia de la Embajada de México en San Isidro, donde permanece asilada la ex primera ministra Betssy Chávez, luego de que se dictara una sentencia de 11 años y 5 meses de prisión en su contra por conspiración para rebelión. El despliegue incluye dos patrulleros, cuatro motocicletas y al menos doce agentes, marcando un cambio drástico respecto a la vigilancia discreta que se mantenía anteriormente.
El incremento de seguridad responde a la orden de captura nacional e internacional emitida junto con la sentencia, aunque esta no puede ejecutarse mientras Chávez permanezca bajo protección diplomática. La tensión escaló brevemente cuando el presidente José Jerí sugirió la posibilidad de ingresar a la sede para hacer cumplir el mandato judicial, generando preocupación en el gobierno mexicano.
Posteriormente, el Ejecutivo peruano descartó cualquier uso de la fuerza. El primer ministro Ernesto Álvarez y el canciller Hugo de Zela reiteraron el respeto absoluto al derecho internacional, postura que luego fue respaldada por el propio Jerí. El caso mantiene un clima de alta tensión entre Perú y México, cuyas relaciones ya se encuentran deterioradas desde la ruptura diplomática registrada en noviembre.