El presidente interino José Jerí reconoció haber votado, durante su gestión como titular del Congreso, varias de las leyes señaladas por diversos sectores como favorables al crimen organizado. Entre estas normas figuran la eliminación de la detención preliminar sin flagrancia y modificaciones que complican la incautación de bienes ilícitos, medidas que fueron calificadas como un retroceso en la lucha contra la corrupción.
Jerí afirmó a El Comercio que es “plenamente consciente” de las iniciativas que apoyó, pero aseguró que su gobierno ya inició un análisis técnico desde el Ministerio de Justicia para evaluar el impacto real de dichas normas. El mandatario indicó que no ofrecerá una defensa cerrada de las leyes si se demuestra que no cumplen con fortalecer la seguridad y adelantó que podría emitir recomendaciones para su revisión en el Congreso tras el receso parlamentario.
El debate surge en medio de protestas y paros de transportistas que exigen la derogatoria inmediata del paquete legislativo, así como de llamados de organizaciones internacionales —entre ellas Human Rights Watch— que advierten que estas medidas debilitan el Estado de derecho y la capacidad del país para enfrentar al crimen organizado.