Una organización criminal que amasó más de un millón 200 mil soles en asaltos a mano armada operaba con la presunta complicidad de policías, quienes no solo filtraban información clave, sino que también habrían recibido pagos mensuales de hasta 300 soles por alertar sobre movimientos de víctimas y operativos, según la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Se trata de “Los Charlys de La Blanca”, una banda que no improvisaba, pues cada atraco era planificado con días e incluso meses de seguimiento a sus víctimas. Las marcaban en bancos, notarías y negocios para luego interceptarlas con armas de fuego y despojarlas de fuertes sumas de dinero en cuestión de segundos.
El megaoperativo ejecutado por la Policía permitió la captura de siete integrantes; sin embargo, las investigaciones revelan que la red iba mucho más allá. El cabecilla, Manuel Zapata Antón, dirigía cada golpe con precisión, mientras que el expolicía Javier Torres Escobedo, alias “Gato”, proporcionaba información detallada sobre las víctimas, sus rutas, horarios y el dinero que transportaban.
Asimismo, figura el expolicía Giancarlo Valencia Manzano, quien habría participado directamente en los asaltos, incluso utilizando su arma de reglamento. La banda también mantenía vínculos con agentes en actividad que actuaban como “topos” o “chimbos”, recibiendo pagos fijos mensuales —que en algunos casos alcanzaban los 300 soles— además de porcentajes del botín, a cambio de brindar datos reservados y alertar sobre operativos policiales.
Según la Fiscalía, incluso un detective del área de Robos de la Divincri es señalado por haber retrasado durante casi dos años la entrega de un informe clave para favorecer a Solanch Muñoz Centy, integrante de la organización, con quien habría mantenido una relación sentimental. Este nivel de infiltración permitió a la banda operar con un verdadero “paraguas de impunidad”.
Las pesquisas también revelan que al menos ocho efectivos policiales de la Divincri y de la Región Policial estarían involucrados. Algunos utilizaban el sistema policial para verificar requisitorias; otros alertaban sobre patrullajes, filtraban denuncias de las víctimas e incluso saboteaban investigaciones ocultando pruebas, a cambio de pagos mensuales por “zonas liberadas” y encubrimiento.
Actualmente, los implicados enfrentan un pedido de 36 meses de prisión preventiva por los delitos de organización criminal y robo agravado. Para la Fiscalía, el caso evidencia cómo la corrupción interna permitió que esta peligrosa red delictiva operara durante años sin ser detectada.