El Distrito Fiscal de Arequipa, a través de la Primera Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva del Distrito Fiscal de Arequipa, viene realizando las diligencias de investigación correspondientes por la presunta sustracción de cédulas de sufragio ocurrida durante la Segunda Elección Presidencial 2026 en un local de votación del distrito de Mariano Melgar.
La investigación es dirigida por la fiscal provincial Myrna Nathalie Corzo Carbajal y se encuentra a cargo del fiscal adjunto provincial Lizandro Thomas Quispe Soncco, quien dispuso las acciones inmediatas para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades penales que correspondan.
De acuerdo con la información recabada, la incidencia fue reportada en la Institución Educativa “Mario Vargas Llosa”, donde personal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) advirtió inicialmente una diferencia en la cantidad de cédulas de sufragio asignadas a una de las mesas de votación. Tras las verificaciones realizadas por coordinadores de la ODPE, miembros de mesa y personal electoral, se detectó la ausencia de material electoral correspondiente a una mesa de sufragio instalada en el aula 110 del tercer piso del local.
Como parte de las diligencias preliminares que se vienen desarrollando actualmente, el fiscal adjunto provincial Lizandro Thomas Quispe Soncco viene recabando las declaraciones de coordinadores electorales, miembros de mesa, personeros y demás personas que se encontraban en el lugar al momento de los hechos. Asimismo, se realizan las actuaciones fiscales correspondientes con la finalidad de establecer las circunstancias en las que se produjo la presunta sustracción del material electoral y determinar las responsabilidades que correspondan.
Según las primeras indagaciones, la presunta sustracción habría sido atribuida a un personero de una organización política, quien posteriormente habría reconocido encontrarse en posesión de las cédulas electorales faltantes. El material fue recuperado y puesto a disposición de las autoridades competentes para las investigaciones de ley, preservándose la cadena de custodia correspondiente.
El Ministerio Público continúa desarrollando las diligencias fiscales y de investigación necesarias para el esclarecimiento integral de los hechos, en resguardo de la legalidad y la transparencia del proceso electoral.